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Fiebre del oro amenaza Cruztón y desata ambiciones de propietarios |
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La Otra Campaña
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escrito por Hermann Bellinghausen
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Cruztón, Chiapas. 6 de julio. Resulta que bajo estas tierras fértiles, que dan historia y vida a miles de campesinos, en su mayoría indígenas, se presume que hay oro. Al menos eso han concluido dos grandes empresas mineras de capital canadiense: Fronteer Developement Group en 2004, y Radius Gold, cuya subsidiaria Geometales del Norte (Geonorte SA de CV), adquirió 48 mil hectáreas en el lote llamado “Nueva Jerusalén” en julio de 2007.
En ellas estarían incluidas las 249 hectáreas que ahora intentan arrebatar a los pobladores de Cruztón, estos indígenas en guardia que repiten: “Aquí nacimos, aquí nacieron nuestros padres y nuestros abuelos. Aquí en el cementerio están nuestros antepasados”. Peones acasillados de la finca Nazareth, alguna vez propiedad del ganadero sancristobalense Amado Villafuerte Mijangos, los actuales pobladores de Cruztón y el vecino Guadalupe Victoria, descienden de aquellos peones tzotziles que durante generaciones han habitado los campos de Venustiano Carranza.
Como en otros caso similares, en 1988 obtuvieron la tierra de manos del “patrón”. En 1995 un grupo de vivales, haciéndose pasar por “zapatistas”, las ocupó para después abandonarlas. En tanto, los pobladores de Cruztón se hicieron bases de apoyo zapatistas. Ellos sí. Sus representantes fueron perseguidos y encarcelados, y hacía 2000, dispersados. |
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Sufren tzotziles despojo de tierra respaldado por autoridades |
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La Otra Campaña
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escrito por Hermann Bellinghausen
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Cruztón, Chis. 5 de julio. Enclavada en las tierras altas del municipio Venustiano Carranza, al norte de la planicie cañera, esta pequeña comunidad tzotzil vive horas difíciles en la lucha por su tierra. Los pobladores han vuelto a ser despojados de sus predios por un grupo de personas (la mayoría no avencidadas en la zona y que no se dedican a la agricultura) a quienes el gobierno de Chiapas respalda con la Policía Estatal Preventiva (PEP) y el Ministerio Público.
En las faldas del Cerro Grande, un improvisado campamento con toldos de plástico y tiendas de hule sirve de base a los policías estatales y a una veintena de los presuntos titulares de un “ejido” inexistente. A estos, “la PEP les permite llevar armas de grueso calibre y los hemos visto con uniformes prestados de los policías”, denuncian los pobladores de Cruztón, que se reúnen a la entrada del poblado para dar un testimonio a muchas voces.
La mayoría son adherentes de la Otra Campaña; un par de familias, bases de apoyo del EZLN. Ahora mantienen guardias día y noche. En cierta manera, están sitiados. Patrullados constantemente por la PEP, con ocho órdenes de aprehensión en su contra, fueron despojados de todas sus tierras, incluyendo las 70 hectáreas cultivadas que son su único sustento y estos días sirven de potrero, campo de futbol, campamento y letrina para las fuerzas del orden y los “civiles” (como los llaman los indígenas) que desde el pasado 18 de junio las ocupan por la fuerza. |
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La corte no analizará la responsabilidad del Estado en matanza de Acteal: ONG |
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General
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escrito por Elio Henríquez
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San Cristóbal de Las Casas, Chis, 4 de julio. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya aceptado resolver los amparos interpuestos por algunos de los autores materiales del asesinato de 45 indígenas de Acteal no significa que “analizará la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la matanza, como un crimen planeado y perpetrado en el contexto de la estrategia contrainsurgente de los gobiernos federal y estatal contra los pueblos indígenas organizados”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
En un comunicado de prensa, el organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García sostuvo que la SCJN “única y exclusivamente se avocará al análisis de la legalidad y constitucionalidad de las sentencias condenatorias emitidas en primera instancia por los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, contra los peticionarios del amparo”.
Este 2 de julio, la SCJN dio a conocer la decisión de la primera sala de aceptar resolver los amparos interpuestos por algunos de los autores materiales sentenciados por la matanza perpetrada por paramilitares priístas. |
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Pide el Frayba al gobierno esclarecer la verdad sobre la masacre de Acteal |
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General
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escrito por Isaín Mandujano
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., 4 de julio (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) consideró que, independientemente de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de atraer los amparos de los presos acusados por la matanza de Acteal, "es innegable e ineludible la obligación del Estado mexicano de esclarecer la verdad de lo sucedido".
En un corto comunicado el organismo no gubernamental que defiende a las víctimas de las masacre --45 muertos y 18 sobrevivientes-- fijó hoy su postura tras conocer que la Primera Sala de la SCJN determinó ejercer su facultad de atracción de tres amparos relacionados con los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, en Acteal, municipio de Chenalhó.
La solicitud del ejercicio de la facultad de atracción fue hecha por los tribunales colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Circuito.
En los amparos, 24 quejosos privados de su libertad, impugnaron la sentencia definitiva, mediante la cual se les consideró penalmente responsables de distintos delitos, entre ellos, homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego exclusivo del Ejército. |
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Preparan desalojo de zapatistas en reserva ecológica e Huitepec |
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La Otra Campaña
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escrito por Hermann Bellinghausen
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San Cristóbal de las Casas, Chis. 4 de julio. Según una fuente del gobierno estatal enteramente confiable, pero que solicitó el anonimato, el presidente municipal de esta ciudad, ingeniero Mariano Alberto Díaz Ochoa, estaría preparando, con respaldo federal, el “desalojo” de la reserva ecológica zapatista en las alturas del cerro Huitepec. En el eventual operativo podrían participar el Ejército, las procuradurías federales, además de la policía municipal, añade la fuente.
No es sólo un rumor. El propio edil anunció el desalojo en la sesión de cabildo el pasado lunes 23 de junio, en presencia de algunos pobladores de la comunidad Alcanfores (quienes han servido como punta de lanza para la campaña de contrainsurgencia en el área, mediante reclamos infundados sobre las tierras reservadas y custodiadas desde 2007 por bases de apoyo zapatistas de la región tzotzil, en respaldo a la comunidad Huitepec Ocotal (Segunda Sección).
Argumentando “órdenes” del gobierno federal, Díaz Ochoa aseveró que desalojará “el campamento (zapatista) hasta dejarlo limpio”, y refrendó su “compromiso” (que data de su campaña para relegirse alcalde el año pasado) de echar a los zapatistas. Todas las personas presentes en el acto aplaudieron el anuncio. |
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Artículos
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escrito por Jaime Martínez Veloz
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La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) surgió en medio de un escenario complejo y difícil. En el mes de diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo propuso al Congreso de la Unión la conformación de una comisión parlamentaria paritaria, integrada por un diputado y un senador propietario y suplente de cada uno de los partidos con representación legislativa.
El compromiso inicial del Ejecutivo federal fue el de realizar un esfuerzo sincero por la paz en Chiapas. Los partidos representados en el Congreso de la Unión correspondieron al gesto inicial del presidente de la República y asumieron en forma corresponsable las tareas de pacificación, aprobando la conformación de la inicial comisión paritaria legislativa en el mismo mes de diciembre del primer año de Ernesto Zedillo como presidente de México. Los pilares de este esfuerzo legislativo fueron Heberto Castillo y Luis H. Álvarez, acompañados de un grupo de entusiastas parlamentarios que mucho aprendimos de ellos. |
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No nacimos para ser populares, nacimos para ser necesarios. Zane Ibrahim |
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